La evolución social experimentada en años recientes ha condicionado cambios profundos en la estructura de nuestro sistema educativo, que en el momento actual debe afrontar los retos derivados de la variabilidad de la oferta laboral – sin que la titulación académica suponga la garantía de un trabajo – y una marcada tendencia hacia la reducción relativa del gasto público en educación.

   De manera paralela, existe una mayor concienciación por parte de los alumnos y sus familias, que demandan un sistema educativo que tenga más en cuenta sus necesidades y requisitos formativos, y cuya consecuencia más inmediata es la transformación de su condición de clases pasivas, meras receptoras de los servicios educativos, en clases activas co-partícipes de un sistema que financian con sus impuestos.